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Dos Decretos del Gobierno nacional ponen en peligro la actividad empresarial agraria

Los primeros meses de 2019 han visto como dos Reales Decretos del Gobierno han sembrado la inquietud y la incertidumbre en el sector agrario, tratándose además, en ambos casos, de una legislación aprobada y publicada en el BOE sin una negociación o consulta previa con las organizaciones empresariales, como siempre solía ser habitual en gobiernos anteriores de todos los signos.

En primer lugar el R.D. 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, ha conseguido introducir en la actual negociación para renovar el Convenio Colectivo del Campo de Extremadura, un criterio de interpretación previa antes de entrar en la renovación del citado Convenio, cuya duración terminó a finales del pasado año.

De ello informamos detalladamente más adelante, en las páginas interiores de este Boletín. La decisión del laudo arbitral de fijar en 46,34 euros la jornada de trabajo, incluye al parecer la parte proporcional de vacaciones legales a las que teóricamente tendría derecho el trabajador eventual. Esto representa una desmesurada subida del 22,5 % sobre el salario actual, absolutamente inasumible por el sector, que tiene todos los precios de venta de los productos prácticamente estancados desde hace decenas de años, mientras que los costes de producción se incrementan año tras año, aunque no alcancen en ningún caso el exagerado aumento de los salarios que ahora exige unilateralmente el Gobierno, poniendo en peligro la viabilidad de numerosas explotaciones y la contratación habitual de trabajadores eventuales, que sin duda se verá afectada incidiendo negativamente en las cifras del paro agrario.

El segundo Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, es otra norma laboral que, entre otros aspectos, obliga a registrar la jornada laboral de los trabajadores. Tampoco en este caso se ha consultado a las organizaciones empresariales o agrarias sobre esta nueva carga burocrática que deberán cumplir tanto empresarios como trabajadores, independientemente del sector productivo que se trate y sin tener en cuenta, en nuestro caso, las singularidades y variedad de situaciones del sector agrario. El campo no es una oficina, con empresas y explotaciones que, por ejemplo, tiene a veces centros de trabajos (fincas y/o parcelas) situadas en distintas comarcas o provincias o incluso en diferentes CCAA. Todo ello, al parecer, tiene como objetivo el control de las horas extraordinarias que pudieran llevarse a cabo fuera de la jornada laboral legalmente establecida.

Tanto control podría incluso reflejarse en una mayor opacidad en la contratación de eventuales y/o en una disminución de los mismos. En definitiva, dos Decretos a nuestro juicio innecesarios e impuestos sin consenso y que han “aterrizado” sobre un sector agrario que, después de años sin conflictividad laboral y con Convenios Colectivos renovados sin grandes problemas, asiste impotente a estas imposiciones gubernamentales, en la línea cada vez más intervencionista que caracteriza en general a las administraciones, siempre deseosas de controlar, intervenir y poner trabas a la actividad empresarial.

El laudo de obligado cumplimiento de la Junta de Extremadura establece el salario de los eventuales en 46,34 euros/dia

La controversia surgida a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 1462/20108, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, por la interpretación de la cuantía del salario de los trabajadores eventuales o temporeros, ha tratado de resolverse en varias reuniones mantenidas –algunas con presencia de mediadores–, entre las organizaciones sindicales (UGT y CCOO) y las organizaciones profesionales agrarias (APAG Extremadura ASAJA, APAG ASAJA Cáceres, UPA UCE Extremadura y COAG Extremadura), sin éxito.

Finalmente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, y ante la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos, se decide someter la cuestión a la decisión de un árbitro. Concretamente al Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura. La cuestión sometida al procedimiento de arbitraje fue la siguiente:

Determinación del régimen salarial aplicable a las personas trabajadoras y empresas incluidas en el ámbito de aplicación del convenio colectivo del Campo de la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la entrada en vigor del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.

El laudo (publicado en el BOE nº 99, de 24/05/2019) establece que para determinar el valor mínimo de la hora de trabajo de un trabajador del campo habrá que dividir los 12.600 euros anuales establecidos como salario mínimo, entre el número de horas de trabajo que como máximo establece el convenio colectivo (1.768 horas anuales). “Realizada la operación nos daría como valor mínimo de la hora de trabajo la cantidad de 7,13 euros por hora de trabajo (Incluidas las vacaciones).”

Considera que habrá que recalcular el valor de la hora de trabajo para el personal eventual para equipararlo al del trabajador fijo, ya que no puede establecerse una remuneración salarial mínima por hora inferior para trabajadores eventuales en comparación con los trabajadores fijos del campo.

Por lo tanto, fija el valor de la hora de trabajo para un trabajador eventual agrario en Extremadura en 7,13 euros, por lo que, para una jornada de seis horas y media, el valor de la jornada diaria quedaría establecida en 46,34 euros:

Se resuelve que el valor mínimo de la hora de trabajo de un trabajador del campo para el año 2019, ya sea fijo o eventual, es de 7,13 euros, incluida la retribución por vacaciones y, para el caso de los trabajadores eventuales del campo, cuya jornada diaria de trabajo está fijada en el convenio en seis horas y media, la retribución mínima a cobrar por estos trabajadores eventuales, por una jornada diaria de trabajo de seis horas y media, será de 46,34 euros por jornada, incluido el pago de las vacaciones.

El laudo arbitral tiene carácter vinculante y es de obligado cumplimiento, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019.

Importe definitivo de la ayuda asociada a la vaca nodriza 2018

Como informamos en nuestro Boletín de octubre pasado, el FEGA calculó de manera provisional el importe de la ayuda asociada a las explotaciones que mantienen vacas nodrizas, campaña 2018, en base al número de animales potencialmente subvencionables, con objeto de que las comunidades autónomas pudieran abonar un anticipo de esta ayuda.

Ahora el FEGA ha publicado el importe definitivo de la ayuda asociada a la vaca nodriza, campaña 2018.

Para esta ayuda se diferencian dos regiones: España peninsular y región insular. La dotación para la región España Peninsular que ha servido para el cálculo es de 185.911.784,97 euros y de 450.410,49 euros para la región insular.

En la presente campaña 2018, 2.034.306 animales han cumplido los requisitos establecidos en la región España Peninsular, y 2.810 animales en la región insular. Al igual que ocurriera el año pasado, finalmente el número de animales es mayor que el que se había estimado provisionalmente.

En consecuencia, los importes unitarios definitivos se han fijado en 91,388308 euros/animal para la región España Peninsular, y 160,288431 euros/animal en la región insular.

El importe definitivo de esta ayuda en 2017 fue de 91,835286 euros/animal y de 94,177847 euros/animal en 2016.