•  Asociación Extremeña Ganaderos Del Reino

Los primeros meses de 2019 han visto como dos Reales Decretos del Gobierno han sembrado la inquietud y la incertidumbre en el sector agrario, tratándose además, en ambos casos, de una legislación aprobada y publicada en el BOE sin una negociación o consulta previa con las organizaciones empresariales, como siempre solía ser habitual en gobiernos anteriores de todos los signos.

En primer lugar el R.D. 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, ha conseguido introducir en la actual negociación para renovar el Convenio Colectivo del Campo de Extremadura, un criterio de interpretación previa antes de entrar en la renovación del citado Convenio, cuya duración terminó a finales del pasado año.

De ello informamos detalladamente más adelante, en las páginas interiores de este Boletín. La decisión del laudo arbitral de fijar en 46,34 euros la jornada de trabajo, incluye al parecer la parte proporcional de vacaciones legales a las que teóricamente tendría derecho el trabajador eventual. Esto representa una desmesurada subida del 22,5 % sobre el salario actual, absolutamente inasumible por el sector, que tiene todos los precios de venta de los productos prácticamente estancados desde hace decenas de años, mientras que los costes de producción se incrementan año tras año, aunque no alcancen en ningún caso el exagerado aumento de los salarios que ahora exige unilateralmente el Gobierno, poniendo en peligro la viabilidad de numerosas explotaciones y la contratación habitual de trabajadores eventuales, que sin duda se verá afectada incidiendo negativamente en las cifras del paro agrario.

El segundo Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, es otra norma laboral que, entre otros aspectos, obliga a registrar la jornada laboral de los trabajadores. Tampoco en este caso se ha consultado a las organizaciones empresariales o agrarias sobre esta nueva carga burocrática que deberán cumplir tanto empresarios como trabajadores, independientemente del sector productivo que se trate y sin tener en cuenta, en nuestro caso, las singularidades y variedad de situaciones del sector agrario. El campo no es una oficina, con empresas y explotaciones que, por ejemplo, tiene a veces centros de trabajos (fincas y/o parcelas) situadas en distintas comarcas o provincias o incluso en diferentes CCAA. Todo ello, al parecer, tiene como objetivo el control de las horas extraordinarias que pudieran llevarse a cabo fuera de la jornada laboral legalmente establecida.

Tanto control podría incluso reflejarse en una mayor opacidad en la contratación de eventuales y/o en una disminución de los mismos. En definitiva, dos Decretos a nuestro juicio innecesarios e impuestos sin consenso y que han “aterrizado” sobre un sector agrario que, después de años sin conflictividad laboral y con Convenios Colectivos renovados sin grandes problemas, asiste impotente a estas imposiciones gubernamentales, en la línea cada vez más intervencionista que caracteriza en general a las administraciones, siempre deseosas de controlar, intervenir y poner trabas a la actividad empresarial.

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