Una vez que las instituciones de la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo) alcanzaron un acuerdo a finales de junio sobre la reforma de la Política Agraria Común para 2023-2027, y que el Ministerio de Agricultura ha filtrado el borrador del modelo de aplicación en España, se pueden conocer algunos detalles, aún no definitivos, sobre esta reforma.

Agricultor Activo: Únicamente tendrán derecho a las ayudas PAC los Agricultores Activos. Se consideraría Agricultor Activo a todo aquel que esté afiliado al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios la Seguridad Social, o bien cuando al menos el 25% de sus ingresos procedan de la actividad agraria.

También se considerará Agricultor Activo a quienes reciban ayudas directas por un importe igual o inferior a 5.000 euros.

Derechos históricos: Los derechos históricos irán aproximándose a la media regional. A partir de 2023 se concederá una ayuda básica tomando como referencia los derechos individuales asignados al final de la campaña 2022.

Ayuda Básica a la Renta: Esta ayuda se concederá a partir de 2023 sobre la base de los derechos individuales de pago asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña 2022.

Convergencia de derechos: Durante 5 años (entre 2022 y 2026) se aplicará un mecanismo de convergencia, de manera que en 2026 el valor individual de cada derecho será al menos el 85% del valor medio de la Región. Es posible que se aplique un mecanismo para limitar las pérdidas en los casos de derechos de mayor valor.

Regionalización: El importe de la Ayuda Básica a la Renta se diferenciará por regiones. Actualmente existen 50 regiones pero parece que el Ministerio de Agricultura quiere reducirlas a un máximo de 20. Dentro de ellas se diferenciará entre las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes. La regionalización no afectaría a los ecoesquemas.

Limitación de los pagos: La Ayuda Básica a la Renta estará limitada a 100.000 euros por beneficiario. Se podrán descontar los costes salariales y los costes laborales directos, así como los derivados de la contratación de empresas de servicios.

Importe mínimo: Solamente se concederán ayudas directas cuando el importe por beneficiario sea al menos de 300 euros. Las Comunidades Autónomas quedan facultadas para elevar este mínimo a 500 euros.

Degresividad: A partir de 60.000 euros de Ayuda Básica a la Renta se aplicarán recortes por tramos: 25% entre 60.000 y 75.000 euros; 50% entre 75.000 y 90.000 euros y 85% entre 90.000 y 100.000 euros.

Pago redistributivo: Se trata de un pago para las primeras hectáreas de cada explotación. El importe no puede superar el 50% del Valor Medio Regional, hasta un límite igual al pago Medio Nacional por hectárea de ayudas directas. Cuando el beneficiario sea una mujer el porcentaje del valor medio regional se incrementará en un 5%.

En cada Región, el importe destinado a este pago será igual al 20% del total de la Ayuda Básica de dicha Región. El umbral de las primeras hectáreas que recibirán este pago se calculará, para cada región, teniendo en cuenta la estructura de las explotaciones y el importe disponible.

Pago complementario para jóvenes: Los jóvenes, con un límite de edad en los 40 años, podrán recibir un pago equivalente al 100% del Valor Medio Regional durante un periodo de 5 años, y para una superficie máxima de 90 hectáreas. Si el beneficiario es una mujer el porcentaje se incrementará en un 10 %.

Pagos acoplados: También está previsto que se concedan los siguientes pagos acoplados:

-      A la producción asociada de leche de vaca (122 millones de euros)

-      A los ganaderos de vacuno extensivo y a los que engordan sus terneros en la propia explotación (199 millones de euros).

-      Al engorde sostenible de terneros (20,9 millones de euros).

-      A los ganaderos de ovino y caprino, incluida la ganadería extensiva y semiextentisva sin base territorial propia (200,3 millones de euros).

-      A la producción sostenible de tomate para transformación (9,3 millones de euros).

-      A los productores de frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación (14 millones de euros).

-      A la producción sostenible de uva pasa (0,68 millones de eeuros).

-      A la producción sostenible de remolacha azucarera (17 millones de euros).

-      A la producción sostenible de arroz (15,2 millones de euros).

-      A la producción sostenible de proteínas de origen vegetal (94 millones de euros).

Olivar tradicional: La intervención sectorial destinada al olivar tradicional a través de organizaciones de productores un 0,62% de los pagos directos. En la propuesta se destinan 30 millones de euros anuales.

Condicionalidad social: A partir de 2024 se implantará un sistema que conectará a los inspectores de trabajo con los organismos pagadores de la PAC para sancionar las infracciones en las normas laborales.

Distribución de los fondos del primer pilar:

Ecoesquemas: Se trata de llevar a cabo unas prácticas agrícolas y ganaderas que sean beneficiosas para el clima y el medio ambiente, recibiendo una compensación a cambio. Cada práctica tendrá un importe unitario para compensar al agricultor/ganadero por su aplicación. Son voluntarias, pero suponen el 25% del presupuesto (23% del primer pilar y 2% del segundo pilar).

Comprenderá prácticas adaptadas a las diferentes tipologías de explotación y destinadas a:

la preservación y mejora del contenido en carbono orgánico de los suelos, mediante el mantenimiento de pastos y cubiertas en tierras de cultivo;

la agroecología, mediante el establecimiento de rotaciones con especies mejorantes y elementos de biodiversidad, como el establecimiento de islas, márgenes de vegetación, incluyendo superficies no productivas en tierras de cultivo;

y la agricultura de precisión, a través de medidas que promuevan la gestión sostenible de insumos o el uso racional de los pastos.

Nuevas superficies: A través de la Reserva Nacional y en función de las disponibilidades, a lo largo del periodo 2023-2026 se incluirían nuevas superficies (alrededor de 500.000 hectáreas, según estimaciones del Ministerio). Concretamente, superficies de frutas y hortalizas, viñedo y tierras en producción, no integrados en el Pago Básico de 2006-2014 o que, estando integrados, no tenían derechos en la PAC 2015.