Mediante el Decreto 57/2018, de 15 de mayo (DOE nº 97, de 21/05/2018), se regulan los cambios de uso de suelo forestal a cultivos agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A los efectos de este Decreto, será necesario obtener autorización administrativa para la puesta en cultivo de los suelos que tengan los siguientes usos en el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC):

         a) Forestal (FO).

         b) Pasto con arbolado (PA).

         c) Pasto arbustivo (PR) con arbolado.

         d) Pastizal (PS) con arbolado.

Asimismo, independientemente del uso SIGPAC del suelo, cuando se pretenda implantar un cultivo agrícola permanente sobre un terreno donde exista arbolado forestal, o sobre pastizales y/o matorrales incluidos en zonas de Red Natura 2000 será necesario obtener autorización administrativa.

Se excluyen del ámbito de este Decreto, los cultivos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Los terrenos agrícolas abandonados siempre que exista constancia en el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura en los últimos diez años de su dedicación al cultivo agrícola. Cuando a pesar de haberse producido un abandono por un periodo superior a diez años, en el momento de la solicitud, no vegeten en ellos ejemplares forestales de árboles o arbustos cuya base mida más de quince centímetros de diámetro.

b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas cuya superficie sea de 1 hectárea o inferior.

c) Terrenos procedentes de cultivos agrícolas abandonados en bancales antiguos, independientemente de la vegetación existente o del tiempo transcurrido tras el abandono, desde el momento en que el órgano competente en agricultura certifique, y siempre a instancias exclusivamente del servicio competente en materia forestal, el buen estado de conservación de los bancales y la aptitud del terreno para el cultivo agrícola, y siempre que no se modifique la estructura del bancal.

d) Linderos entre terrenos agrícolas, aunque están poblados por franjas de vegetación forestal, cuando esta franja tenga una anchura media inferior a dos metros.

e) Cultivos agrícolas temporales sobre terrenos forestales, cuyo objetivo sea la mejora de pastos o el control del matorral.

f) Plantación o ampliación de huertas para autoabastecimiento, siempre que no utilicen técnicas dañinas para el medio forestal ni productos químicos o de otra naturaleza no admitidos en la agricultura ecológica.

Solicitud e iniciación del procedimiento

El procedimiento de cambio de uso forestal a cultivos agrícolas se iniciará con la presentación de la solicitud, según el modelo normalizado recogido en el anexo del Decreto. Se presentará preferentemente a través de medios electrónicos. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con las Administraciones a través de medios electrónicos.

Los interesados deberán presentar documentación administrativa y técnica (firmada por técnico competente para superficies iguales o superiores a 10 ha), así como documento ambiental, según se detalla en el Decreto.

Previamente a la presentación de la solicitud deberá procederse al pago de la correspondiente tasa.

Instrucción del procedimiento

La instrucción del procedimiento corresponderá al órgano competente en materia agraria (Servicio con competencias en materia de producción agraria), que realizará las siguientes actuaciones previas a la propuesta de resolución:

         a) Recabará la consulta al órgano competente en medio ambiente (Servicio con competencias en materia de incendios) para la comprobación de que el terreno sobre el que se ha solicitado el cambio de uso, ha sido afectado o no por incendios en los últimos 30 años.

         b) Además, remitirá al órgano ambiental (Dirección General con competencias en materia de medio ambiente) en todos los casos, con carácter previo a la resolución administrativa, una copia de la solicitud y de la documentación, ambas en formato digital preferentemente, para la emisión de informes preceptivos de estado forestal, impacto ambiental y de conservación de la naturaleza en su caso, dependiendo de la superficie y características del cambio de uso solicitado:

Resolución

La persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura dictará resolución en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud. La falta de notificación de resolución expresa en dicho plazo, legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo.

Asimismo, la resolución contendrá expresamente la necesidad de recabar las autorizaciones preceptivas municipales para la actividad solicitada, consistentes en certificación del Ayuntamiento competente acreditativo de que el cambio de cultivo es conforme a la normativa urbanística vigente, debiendo el solicitante comunicar la resolución con sus condiciones al Ayuntamiento competente.

Pone en peligro uno de los tesoros ecológicos de Extremadura

• Como el resto de las Organizaciones Agrarias la Asociación Extremeña Ganaderos del Reino rechaza totalmente este anteproyecto “por intervencionista, ruinoso y contrario a la conservación del medio ambiente”.

Las Dehesas extremeñas y su incalculable valor ecológico y social están en peligro si finalmente la Junta de Extremadura saca adelante el anteproyecto de Ley de la Dehesa que ha sido elaborado por la actual Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, no se sabe a instancia de quien, y que ha sido total y rotundamente rechazado por todas las organizaciones agrarias sin excepción y por colegios profesionales del sector. Todos coinciden en calificarla como “una grave amenaza para el ecosistema único de las dehesas extremeñas y el desarrollo de nuestros pueblos”. En ese sentido la Asociación Extremeña Ganaderos del Reino ha expresado hoy su más “absoluto rechazo a dicho atentado”.

A juicio de los profesionales del campo extremeño “el afán intervencionista y burocrático que el citado anteproyecto de ley contempla, controlando de forma impositiva los usos y actividades ganaderas de estas explotaciones, solo acarreará la ruina del sector, el incremento del paro y por tanto la despoblación de las zonas rurales”.      

Desde el punto de vista medioambiental este anteproyecto “sería muy negativo ya que al desincentivar, por medio del intervencionismo público más rancio y desfasado, la producción y rentabilidad privada de productos y servicios de calidad el actual ecosistema de la Dehesa, mantenido durante siglos por los trabajadores del campo, se deterioraría de forma irremediable e irrecuperable”.

A juicio de los expertos consultados por esta organización ganadera el nuevo proyecto de ley no es propio del siglo XXI ya que contempla un intervencionismo totalitario, propio de otras épocas, que de forma irremediable terminará provocando la muerte de las dehesas extremeñas y todo su entorno rural, social y económico.

Desde la Asociación Extremeña Ganaderos del Reino nos preguntamos “¿Qué necesidad hay de legislar sobre la dehesa, cuando ya pesa sobre ella toda una legislación nacional y autonómica sobre sanidad animal, sanidad vegetal, Ley de Montes, medio ambiente, etc? Eso sin contar la normativa de la PAC para controlar exhaustivamente los censos de animales, carga ganadera, identificación individual, movimientos, altas y bajas, condicionalidad, etc”.

Hubiera sido más productivo que desde los organismos oficiales –tan aficionados a controlar y vigilarlo todo- se hubieran ocupado de averiguar algo sobre la seca de la encina y sobre otras plagas y enfermedades del arbolado de la dehesa. O también de controlar más eficazmente enfermedades como la tuberculosis bovina y caprina, con índices muy por encima de la media nacional.

La imposición a los titulares de dehesas, según el anteproyecto de Ley, de los llamados “Instrumentos de Gestión” recuerda inevitablemente la época de la planificación estatal obligatoria de la antigua Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. Es decir una intervención obligatoria y totalitaria sobre el manejo de la explotación, lo cual constituye un atentado contra la libertad del individuo.

La posible futura Ley contempla, como no, la creación de nuevos organismos oficiales de control y asesoramiento, “que van a incrementar la burocracia” y sin que los profesionales del campo ni las organizaciones agrarias estén presentes en ellos, según la composición que se pretende en el llamado “Consejo de la Dehesa”.

Desde Ganaderos del Reino este anteproyecto de ley se considera “un ataque sin parangón a un sector ganadero como el extremeño que, sin ninguna nueva ley controladora, ha conseguido superar dificultades de precios, sequías, burocracias innecesarias y enfermedades del ganado, generando empleo y riqueza en nuestros pueblos”.

El pasado 17 de mayo se reunió en Mérida la Mesa de la Tuberculosis, que estuvo presidida por la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Begonia García, y por el Director General de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas.

En ella se presentaron los datos correspondientes al cierre provisional de 2017, así como un avance de los primeros meses de 2018. En cuanto a la tuberculosis bovina, el pasado año 2017 se realizaron 1.976.000 tuberculinizaciones y la campaña se cerró con una bajada de la prevalencia acumulada en explotaciones, al pasar de 12,96% en 2016 a 9,75% en 2017. Todavía muy por encima de la media nacional.

En cuanto a la prevalencia en animales la cifra en 2017 se situó en el 0,55%, descendiendo también respecto a 2016 (0,70%). En cualquier caso también por encima de la media nacional.

Respecto a 2018, en lo que va de año, se han llevado a cabo el 65% de chequeos de animales y explotaciones. En ellos, el porcentaje de animales afectados fue de un 0,31% y las explotaciones han presentado un 6,46% de prevalencia.

Respecto a la tuberculosis caprina, en el año pasado hubo 218 explotaciones positivas, entre las más de 3.500 investigadas, con un índice de prevalencia acumulada por ganaderías del 6% y un 3% en el caso de los animales, cifras muy similares a las del año anterior, no apreciándose un descenso en la enfermedad. El Director General resaltó que la mayoría de los casos positivos están ligados a las explotaciones de orientación lechera, donde es más fácil la transmisión de la enfermedad por la convivencia de animales.

Resumimos a continuación los importes definitivos de diversas ayudas asociadas, correspondientes a la PAC 2017, de acuerdo con los datos publicados por el FEGA:

Los cuadros siguientes muestran la evolución de los importes unitarios de las ayudas asociadas en los tres últimos años:

(*) El importe de 2017 es provisional.

Puede apreciarse el paulatino pero constante descenso de las ayudas asociadas, tanto el ganadería como en agricultura, salvo alguna escasa excepción. Estos puede ser un peligroso precedente para la normativa de la futura PAC más allá del 2020.