•  Asociación Extremeña Ganaderos Del Reino

No es necesario que la explotación haya sido positiva en tuberculosis, aunque supone mayor puntuación

Mediante Orden de 9 de octubre de 2020 (DOE nº 2001, de 16/10/2020), se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Beneficiarios

Podrán acceder a este régimen de ayudas a las personas o entidades titulares de explotaciones Ganaderas destinadas a la cría de bovino y / o caprino con clasificación zootécnica reproducción para la producción de carne, leche, mixta o lidia en régimen extensivo, ubicadas en la Comunidad Autónoma, así como las explotaciones ganaderas especiales de pasto asociadas que compartan titularidad con ellas y que también se ubiquen en Extremadura, que se comprometan a ejercer la actividad ganadera durante un periodo mínimo de cinco años desde la certificación de realización de inversiones, así como al cumplimiento de los compromisos y obligaciones que establecen.

Criterios de valoración y ponderación para el otorgamiento de la ayuda

Cada una de las solicitudes presentadas será puntuada conforme a los siguientes cuatro criterios de valoración. Cada uno de los mismos se divide en subcriterios, según se detalla en la Orden:

  • Positividad de la explotación ganadera frente a la tuberculosis.
  • Situación de la explotación ganadera en un área de riesgo para la tuberculosis por la interacción de la caza mayor. Para ello se tendrá en consideración la prevalencia de la comarca veterinaria y la vocación cinegética.
  • Pertenencia de la explotación ganadera a una ADSG o Cooperativa Ganadera.
  • Censo ganadero.

La puntuación mínima para que una solicitud de ayuda sea subvencionable será de 30 puntos.

Inversiones subvencionables

Serán objeto de ayudas aquellas inversiones productivas que contribuyan a adaptar el manejo de la explotación ganadera con el fin de posibilitar la coexistencia entre las explotaciones ganaderas extensivas de bovino y caprino con la fauna silvestre, especialmente las especies cinegéticas de caza mayor en el ecosistema de dehesa.

Las medidas deberán de ser inherentes a la actividad de las explotaciones ganaderas y realizadas en la base territorial.

Son subvencionables las siguientes inversiones:

a) Bienes de equipo:

  • Comederos específicos para ganado objeto de la ayuda, fijos o móviles, con techo.
  • Bebederos específicos, fijos o portátiles, incluidos los dosificadores para higienizar el agua.
  • Adquisición de maquinaria de limpieza y desinfección con agua caliente o fría y depósito para desinfectante.

b) Instalaciones:

  • Instalaciones de cerramientos que delimiten áreas para la alimentación suplementaria y / o manejo de los animales de forma independiente para los bovinos y / o caprinos. Mejoras en infraestructuras en comederos, bebederos y charcas.
  • Instalaciones de adaptación y construcción de nuevas charcas ganaderas para ganado bovino y caprino.
  • Instalaciones y conducciones de agua, pozos de sondeo, para bovino y / o caprino.
  • Inversiones en preparación y adaptación del terreno para cultivos preventivos de mejora de hábitat. Se entenderán válidas las medidas encaminadas a conseguir las leguminosas forrajeras bien adaptadas a suelos mediterráneos, capaces de producir altos valores de proteína digestible (más de 100 gramos por kilo de materia seca), combinadas con las gramíneas necesarias para cubrir adecuadamente las necesidades nutricionales de los animales, no estando permitido el lupino o tremosilla (Lupinus luteus). Igualmente se considerarán incluidas las aplicaciones de fertilización del terreno, adecuadas al tipo de pradera y el suelo en el que asienta, a base de nitrógeno, fósforo y potasio. Esta inversión requerirá un informe subscrito por una persona cualificada técnicamente de la rama agraria, especificando el tipo de plantas (leguminosas y gramíneas) y abono necesario para los terrenos a transformar en praderas. Deberán obtenerse las autorizaciones pertinentes que le sean de aplicación.

La persona interesada deberá presentar una memoria descriptiva de las inversiones propuestas conforme al modelo normalizado establecido en la resolución de convocatoria.

Las inversiones serán de carácter integral para toda la explotación, debiendo aportar un programa de bioseguridad de la misma, conforme al modelo normalizado establecido en la resolución de convocatoria.

Inversiones no subvencionables

No serán subvencionables las siguientes subvenciones:

a) Inversiones abonadas en metálico.

b) Aquellas que el gasto elegible total de todas las inversiones no alcancen los 6.000 euros.

c) Compraventas entre miembros de una sociedad conyugal, excepto en el supuesto de que el régimen económico matrimonial sea de separación de bienes.

d) Para el caso de las inversiones establecidas en el punto 2.a) del artículo anterior, las que se realicen con anterioridad a la formalización de la solicitud; para el caso de las establecidas en punto 2.b) del artículo anterior, las que se realicen con anterioridad al acta de no inicio referida en el artículo 20 de la presente orden.

e) Adquisiciones de ganado.

f) Adquisiciones de tierras.

g) Inversiones relacionadas al riego.

h) Inversiones realizadas en un terreno que no formen parte de la base territorial de la explotación ganadera conforme a la definición del artículo 2 de esta orden.

i) El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros impuestos.

j) Adquisición de equipamiento, maquinaria e instalaciones de segunda mano.

k) Sustituciones de cerramientos por otros de las mismas características al sustituido, de manera que se trate una simple sustitución por elementos más nuevos o modernos.

l) Gastos generados para la tramitación y expedición de autorizaciones y licencias necesarias para la realización de las inversiones proyectadas.

Tipo y cuantías de la ayuda

Esta ayuda tendrá la forma de subvención de capital.

La cuantía de la ayuda será del 50% de la inversión aprobada. Los valores mínimo y máximo de la ayuda por explotación serán, respectivamente, de 3.000 y de 30.000 euros.

Si la inversión no alcanza el mínimo establecido se entenderá desestimada la solicitud.

En el caso de concurrencia de la misma explotación ganadera en varias convocatorias de la ayuda, el gasto máximo de la ayuda en el total de convocatorias no excederá de los 30.000 euros por explotación.

Iniciación del procedimiento y solicitudes

Las solicitudes se presentarán necesariamente a través de la aplicación informática ARADO, acompañando la siguiente documentación:

a) Programa de Bioseguridad de la explotación ganadera según modelo normalizado establecido en la resolución de convocatoria.

b) Memoria descriptiva de las inversiones propuestas conforme al modelo normalizado establecido en la resolución de convocatoria.

c) Factura o facturas proforma suficientemente detallada por partida y precio descompuesto. Se presentarán tres ofertas.

d) Para las solicitudes que impliquen inversión en cultivos preventivos de mejora de hábitat, se requerirá un informe suscrito por una persona cualificada técnicamente.

e) En el caso de las explotaciones ganaderas que no dispongan de animales en el momento de la solicitud por haber realizado un vacío sanitario para algunas de las especies objeto de ayuda, compromiso de repoblación de la explotación ganadera con bovino y/o caprino en un plazo máximo de doce meses desde vacío.

f) Compromiso de ejercer la actividad ganadera en la explotación ganadera objeto de ayuda durante al menos cinco años desde la fecha de certificación de la inversión.

g) En el caso de las personas jurídicas se aportará copia de los Estatutos de constitución.

h) En el caso de entidades sin personalidad jurídica se aportará copia de la escritura de constitución; se hará constar expresamente los compromisos asumidos por cada miembro de la agrupación y el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos; se otorgará poder fedatario público a favor de un representante y compromiso de no disolver la entidad hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011 de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles y se abrirá una vez se publique la correspondiente Resolución de convocatoria.

Como habíamos anunciado, el 19 de octubre se abonó el anticipo del 70 % del Pago Básico. La normativa comunitaria establece que este anticipo sea del 50%, pero este año, ante la situación de crisis derivada de la COVID-19 la Comisión Europea ha autorizado el pago del 70 %.

 

Según informa la propia Consejería de Agricultura, se han abonado 162,67 millones de euros a 33.093 perceptores. Lo que quiere decir que alrededor de 20.000 agricultores y ganaderos se han quedado sin cobrar este anticipo. Sin duda a ello ha contribuido la tardanza en comunicar las deficiencias en las solicitudes, que en vez de hacerlo antes del mes de septiembre, como en años anteriores, se ha esperado hasta el 6 de octubre para dar a conocer a través del DOE que en la página de LABOREO estaban colgadas las cartas a los solicitantes. Como las nóminas se cerraron pocos días después, ésta es una de las causas de no cobrar el anticipo, junto a otras, como movimientos de derechos, inspecciones, alegaciones al SIGPAC, etc.

 

No todas las Comunidades Autónomas han pagado este anticipo. Las siete que solicitaron al FEGA los fondos para realizar este anticipo son: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra.

 

Se espera que en la última semana de octubre se abone también un anticipo del 70% del pago verde. Para la primera semana de noviembre está previsto que se pague a los pequeños agricultores, la ayuda complementaria a jóvenes agricultores y la ayuda asociada a los productores de tomate.

Puesto que la entrada en vigor de la reforma de la PAC post 2020 no tendrá lugar inmediatamente, se hace necesario publicar un nuevo Real Decreto que modifique los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, dictados para la aplicación en España de la Política Agraria Común, y permitan su aplicación en los años 2021 y 2022.

De acuerdo con el borrador del citado Real Decreto que ha facilitado el Ministerio de Agricultura, durante los años 2021 y 2022 se aplicará una “convergencia” al valor de los derechos de pago básico, de acuerdo con las siguientes reglas:

El valor de los derechos de pago básico en 2021, se basará en su valor unitario inicial a 31 de diciembre de 2020. En dicho año 2021 se aplicará una convergencia al valor de los derechos de pago básico hacia el valor medio regional correspondiente en 2021 basado en los siguientes principios:

         a) Los derechos de pago básico, cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional en 2021, se incrementarán, para el año de solicitud de 2021, en una cuarta parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional en 2021.

         b) La cantidad total derivada de los incrementos del valor de los derechos de pago básico cuyo valor inicial sea inferior al valor medio regional se financiará mediante la reducción necesaria a tal efecto de aquellos cuyo valor unitario inicial supere el valor medio regional.

         c) La convergencia de los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional en 2021, se financiará con los derechos de la región que se encuentren por encima del valor medio regional y sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan.

         d) Ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 70% del valor medio regional en 2021.

El valor de los derechos de pago básico en 2022, se basará en su valor unitario inicial a 31 de diciembre de 2021. En dicho año 2022 se aplicará una convergencia al valor de los derechos de pago básico hacia el valor medio regional correspondiente en 2022 basado en los siguientes principios:

         a) Los derechos de pago básico, cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional en 2022, se incrementarán, para el año de solicitud de 2022, en una cuarta parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional en 2022.

         b) La cantidad total derivada de los incrementos del valor de los derechos de pago básico cuyo valor inicial sea inferior al valor medio regional se financiará mediante la reducción necesaria a tal efecto de aquellos cuyo valor unitario inicial supere el valor medio regional.

         c) La convergencia de los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional en 2022, se financiará con los derechos de la región que se encuentren por encima del valor medio regional y sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan.

         d) Ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 80% del valor medio regional en 2022.

En las campañas 2021 y 2022, antes del inicio del plazo de presentación de la solicitud única de cada año, se informará a los agricultores del valor que tendrán sus derechos en la dirección electrónica en la página web, tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio.

El pasado 21 de julio, el Consejo Europeo adoptó el Marco Financiero Plurianual (MFP). Este nuevo Presupuesto supone, en precios constantes, una reducción de más de un 10% de los fondos destinados a la PAC en relación con el presupuesto actual (de 382.855 millones de euros se pasa a 343.950 millones de euros).

En el caso de España, pasaremos de 47.500 millones de euros a 42.771 millones de euros, unos 4.729 millones menos en los siete próximos años (2021-2027). En cuanto a Extremadura, el cálculo pasa por dejar de ingresar aproximadamente 415 millones de euros, o lo que es lo mismo, 59,3 millones al año. Extremadura ingresa anualmente unos 593 millones de ayudas agrícolas de los cuales para 2019 fueron 525,5 millones de euros para pago básico, pago verde, ayudas asociadas agrícolas y ganaderas, pago a jóvenes y régimen de pequeños agricultores.

Las ayudas directas para apoyar la renta de agricultores y ganaderos (el pilar I) se reducirán un 9,6%, mientras que los fondos para desarrollo rural (el pilar II), representa una reducción del 11,2% con respecto al presupuesto de los últimos años.

La normativa que regulará el periodo transitorio 2021-2022 será la misma de años anteriores, aunque con algunos retoques. Cabe destacar la convergencia que se aplicará para elevar el valor de los derechos de pago básico, hasta el 80% del valor medio de cada región.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura (MAPA) siguen debatiendo cómo debería ser la reforma de la PAC, una vez finalice el periodo transitorio 2021-2022.        Los principales puntos de debate son los siguientes:

Agricultor genuino: La figura del “Agricultor activo” (cuando al menos el 20% de sus ingresos agrarios provengan de la actividad agrícola y ganadera), será sustituida por la del “Agricultor genuino” (aquel cuyos ingresos brutos de la actividad agraria supongan una cantidad significativa con respecto a sus ingresos totales). Prácticamente todas las CCAA están de acuerdo con esta nueva definición. Se propone un porcentaje de ingresos agrarios con respecto a los ingresos totales, que estaría entre el 20 % y el 30 %.

Pluriactividad:En la definición del porcentaje que suponen los ingresos agrarios sobre los ingresos totales, se debe tener en cuenta la importancia y el papel social y medioambiental que juega la agricultura a tiempo parcial en amplias zonas de España.

Régimen de Pequeños agricultores:Casi la mitad de los perceptores de la PAC en España tienen la actividad agraria como una fuente no significativa de los ingresos totales. Solo el 29% de los ingresos de los perceptores de la PAC proceden de su renta agraria.

El MAPA propone mantener el Régimen de Pequeños Agricultores, en el que estarían exentos del cumplimiento de la condición de agricultor genuino, pero sustituyendo el criterio actual de un máximo de 1.250 euros por un número máximo de hectáreas, aún por determinar, aunque se baraja una horquilla de entre 6 y 10 has.

La pertenencia a este Régimen sería voluntaria y se recibiría un pago fijo por hectárea (se habla de entre 200 y 250 euros/ha), hasta un máximo por beneficiario, que podría estar entre 1.200 y 2.500 euros. Los incluidos en este Régimen no podrían cobrar otra ayuda, aunque sí estarían sometidos a las normas de Condicionalidad Reforzada.

Derechos individuales (históricos).Se quiere acabar con los derechos de pago básico (históricos), a través de un proceso de convergencia. En 2025 se pasaría a un sistema de pago por superficie, accesible a todos los sectores.

Ayuda Básica a la Renta:Se propone asignar a la nueva Ayuda Básica a la Renta un porcentaje de presupuesto del Primer Pilar, destinado a las ayudas directas de la PAC, similar al que se dedica al actual Pago Básico (sin Greening).

Los importes de esta ayuda básica estarían diferenciados entre regiones agronómicas o socioeconómicas similares. Se habla de un máximo de 10 Regiones, aunque está por decidir. También se pretende establecer unos límites a los importes por región, de manera que la diferencia entre la región en que más se cobre y la que menos no sea superior a un determinado límite, que podría estar entre 5 y 7 veces.

Se va a continuar con la convergencia del valor de los derechos de pago básico dentro de cada región durante el periodo de transición (campañas 2021 y 2022). El valor de los derechos de pago básico más bajos subirá, y el de los más altos bajarásin otra limitación que el valor medio de la región.

La convergencia continuará dentro de cada región hasta 2025. A partir de ese año se propone que los derechos individuales sean suprimidos, pasando a un sistema de pago por superficie, al que tendrían acceso todos los sectores.

Limitación del pago (“Capping”): La limitación de pagos (“Capping”) figura entre las cláusulas del Marco Financiero Plurianual 2021-27 adoptado por el Consejo Europeo. Se trata de un mecanismo que permitirá reducir los pagos a los “grandes beneficiarios” cuando superen los 100.000 euros. Actualmente el tope está fijado en 150.000 euros. Se aplicará únicamente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.

Como ocurre ahora, al calcular el límite máximo se podrán deducir todos los gastos de carácter laboral.

Pago redistributivo: Se propone un pago a las primeras hectáreas de cada explotación, que se financiará con los fondos detraídos de la aplicación de la limitación del pago o “capping”, pero también ajustando la Ayuda Básica a la Renta.

Ecoesquemas: El porcentaje mínimo de gasto de naturaleza climática y medioambiental del conjunto de los pagos de la PAC será del 40 %. Condicionalidad Reforzada y Ecoesquemas, en el Primer Pilar, y Medidas Agroambientales, en el Segundo Pilar son las medidas con las que hay que alcanzar este compromiso de gasto.

Los ecoesquemas serán unas ayudas que se abonarán a quienes cumplan unos requisitos medioambientales adicionales, que cada país debe definir.

En el actual borrador de posibles ecoesquemas el MAPA propone los siguientes:

  • Pastoreo extensivo.
  • Implantación y mantenimiento de cobertura vegetal viva en cultivos.
  • Incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos.
  • Fomento de rotaciones con cultivos mejorantes.
  • Fomento de aplicación de planes individuales de fertilización.
  • Fomento de aplicación de planes individuales de uso sostenible de productos fitosanitarios.
  • Implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación, corredores multifuncionales.
  • Participación en programas individuales o colectivos de valorización energética de estiércoles de rumiantes y equino y biomasa de origen vegetal.

Algunas comunidades autónomas y organizaciones han formulado otras propuestas sobre posibles ecoesquemas.

Condicionalidad reforzada:Se refuerza el sistema que se ha venido aplicando en materia de Condicionalidad, transformándose en lo que se denomina “Condicionalidad Reforzada”, que deben cumplir los beneficiarios de las ayudas PAC.

Agricultura ecológica:El Pacto Verde Europeo, a través de sus Estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad UE2030” establecen que en 2030, al menos, el 25% de la superficie agrícola de la UE será dedicada a la Agricultura Ecológica.

En España, la superficie de agricultura ecológica supone, hoy día, el 9 % de la superficie agrícola útil. El MAPA está convencido de que este objetivo es asumible.

Calendario:La crisis del COVID-19, las negociaciones para adoptar el Marco Financiero Plurianual y el nuevo Mecanismo de Recuperación, así como la presentación de las estrategias “de la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad UE2030” y la adopción del Reglamento transitorio, que definitivamente atrasa la entrada en vigor de la nueva PAC a 2023, han provocado que el calendario de elaboración del Plan Estratégico también se haya alterado en sus fechas:

  • Recomendaciones Comisión Europea.
  • Primer Borrador del Plan Estratégico Nacional, para enviar a la CE en abril 2021.
  • Presentación oficial a mediados de 2021.
  • Aprobación Plan Estratégico a comienzos 2022.
  • Desarrollo legislativo, administrativo y técnico por parte de las Administraciones implicadas en 2022.
  • Entrada en vigor el 1 de enero de 2023.

El FEGA ha publicado los importes provisionales de la ayuda asociada para las explotaciones de ovino, correspondientes a la campaña 2020, que tiene por objetivo garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de ovino y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

Para esta ayuda se diferencian dos regiones: España peninsular y Región Insular.

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de ovino en la región Peninsular hay un límite presupuestario asignado para la campaña 2020 de 124.475.000 euros.

Para permitir que las comunidades autónomas que así lo deseen puedan abonar un anticipo, el FEGA ha establecido un importe unitario provisional de 11,601039 euros/animal, que es ligeramente inferior al importe definitivo de 2019, que se fijó 11,831138 € /animal.  

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de ovino en la región España Insular se ha establecido un importe unitario provisional de 19,987814, también inferior al definitivo de 2019 (20,826332 euros/animal).

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