•  Asociación Extremeña Ganaderos Del Reino

El pasado 21 de julio, el Consejo Europeo adoptó el Marco Financiero Plurianual (MFP). Este nuevo Presupuesto supone, en precios constantes, una reducción de más de un 10% de los fondos destinados a la PAC en relación con el presupuesto actual (de 382.855 millones de euros se pasa a 343.950 millones de euros).

En el caso de España, pasaremos de 47.500 millones de euros a 42.771 millones de euros, unos 4.729 millones menos en los siete próximos años (2021-2027). En cuanto a Extremadura, el cálculo pasa por dejar de ingresar aproximadamente 415 millones de euros, o lo que es lo mismo, 59,3 millones al año. Extremadura ingresa anualmente unos 593 millones de ayudas agrícolas de los cuales para 2019 fueron 525,5 millones de euros para pago básico, pago verde, ayudas asociadas agrícolas y ganaderas, pago a jóvenes y régimen de pequeños agricultores.

Las ayudas directas para apoyar la renta de agricultores y ganaderos (el pilar I) se reducirán un 9,6%, mientras que los fondos para desarrollo rural (el pilar II), representa una reducción del 11,2% con respecto al presupuesto de los últimos años.

La normativa que regulará el periodo transitorio 2021-2022 será la misma de años anteriores, aunque con algunos retoques. Cabe destacar la convergencia que se aplicará para elevar el valor de los derechos de pago básico, hasta el 80% del valor medio de cada región.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura (MAPA) siguen debatiendo cómo debería ser la reforma de la PAC, una vez finalice el periodo transitorio 2021-2022.        Los principales puntos de debate son los siguientes:

Agricultor genuino: La figura del “Agricultor activo” (cuando al menos el 20% de sus ingresos agrarios provengan de la actividad agrícola y ganadera), será sustituida por la del “Agricultor genuino” (aquel cuyos ingresos brutos de la actividad agraria supongan una cantidad significativa con respecto a sus ingresos totales). Prácticamente todas las CCAA están de acuerdo con esta nueva definición. Se propone un porcentaje de ingresos agrarios con respecto a los ingresos totales, que estaría entre el 20 % y el 30 %.

Pluriactividad:En la definición del porcentaje que suponen los ingresos agrarios sobre los ingresos totales, se debe tener en cuenta la importancia y el papel social y medioambiental que juega la agricultura a tiempo parcial en amplias zonas de España.

Régimen de Pequeños agricultores:Casi la mitad de los perceptores de la PAC en España tienen la actividad agraria como una fuente no significativa de los ingresos totales. Solo el 29% de los ingresos de los perceptores de la PAC proceden de su renta agraria.

El MAPA propone mantener el Régimen de Pequeños Agricultores, en el que estarían exentos del cumplimiento de la condición de agricultor genuino, pero sustituyendo el criterio actual de un máximo de 1.250 euros por un número máximo de hectáreas, aún por determinar, aunque se baraja una horquilla de entre 6 y 10 has.

La pertenencia a este Régimen sería voluntaria y se recibiría un pago fijo por hectárea (se habla de entre 200 y 250 euros/ha), hasta un máximo por beneficiario, que podría estar entre 1.200 y 2.500 euros. Los incluidos en este Régimen no podrían cobrar otra ayuda, aunque sí estarían sometidos a las normas de Condicionalidad Reforzada.

Derechos individuales (históricos).Se quiere acabar con los derechos de pago básico (históricos), a través de un proceso de convergencia. En 2025 se pasaría a un sistema de pago por superficie, accesible a todos los sectores.

Ayuda Básica a la Renta:Se propone asignar a la nueva Ayuda Básica a la Renta un porcentaje de presupuesto del Primer Pilar, destinado a las ayudas directas de la PAC, similar al que se dedica al actual Pago Básico (sin Greening).

Los importes de esta ayuda básica estarían diferenciados entre regiones agronómicas o socioeconómicas similares. Se habla de un máximo de 10 Regiones, aunque está por decidir. También se pretende establecer unos límites a los importes por región, de manera que la diferencia entre la región en que más se cobre y la que menos no sea superior a un determinado límite, que podría estar entre 5 y 7 veces.

Se va a continuar con la convergencia del valor de los derechos de pago básico dentro de cada región durante el periodo de transición (campañas 2021 y 2022). El valor de los derechos de pago básico más bajos subirá, y el de los más altos bajarásin otra limitación que el valor medio de la región.

La convergencia continuará dentro de cada región hasta 2025. A partir de ese año se propone que los derechos individuales sean suprimidos, pasando a un sistema de pago por superficie, al que tendrían acceso todos los sectores.

Limitación del pago (“Capping”): La limitación de pagos (“Capping”) figura entre las cláusulas del Marco Financiero Plurianual 2021-27 adoptado por el Consejo Europeo. Se trata de un mecanismo que permitirá reducir los pagos a los “grandes beneficiarios” cuando superen los 100.000 euros. Actualmente el tope está fijado en 150.000 euros. Se aplicará únicamente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.

Como ocurre ahora, al calcular el límite máximo se podrán deducir todos los gastos de carácter laboral.

Pago redistributivo: Se propone un pago a las primeras hectáreas de cada explotación, que se financiará con los fondos detraídos de la aplicación de la limitación del pago o “capping”, pero también ajustando la Ayuda Básica a la Renta.

Ecoesquemas: El porcentaje mínimo de gasto de naturaleza climática y medioambiental del conjunto de los pagos de la PAC será del 40 %. Condicionalidad Reforzada y Ecoesquemas, en el Primer Pilar, y Medidas Agroambientales, en el Segundo Pilar son las medidas con las que hay que alcanzar este compromiso de gasto.

Los ecoesquemas serán unas ayudas que se abonarán a quienes cumplan unos requisitos medioambientales adicionales, que cada país debe definir.

En el actual borrador de posibles ecoesquemas el MAPA propone los siguientes:

  • Pastoreo extensivo.
  • Implantación y mantenimiento de cobertura vegetal viva en cultivos.
  • Incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos.
  • Fomento de rotaciones con cultivos mejorantes.
  • Fomento de aplicación de planes individuales de fertilización.
  • Fomento de aplicación de planes individuales de uso sostenible de productos fitosanitarios.
  • Implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación, corredores multifuncionales.
  • Participación en programas individuales o colectivos de valorización energética de estiércoles de rumiantes y equino y biomasa de origen vegetal.

Algunas comunidades autónomas y organizaciones han formulado otras propuestas sobre posibles ecoesquemas.

Condicionalidad reforzada:Se refuerza el sistema que se ha venido aplicando en materia de Condicionalidad, transformándose en lo que se denomina “Condicionalidad Reforzada”, que deben cumplir los beneficiarios de las ayudas PAC.

Agricultura ecológica:El Pacto Verde Europeo, a través de sus Estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad UE2030” establecen que en 2030, al menos, el 25% de la superficie agrícola de la UE será dedicada a la Agricultura Ecológica.

En España, la superficie de agricultura ecológica supone, hoy día, el 9 % de la superficie agrícola útil. El MAPA está convencido de que este objetivo es asumible.

Calendario:La crisis del COVID-19, las negociaciones para adoptar el Marco Financiero Plurianual y el nuevo Mecanismo de Recuperación, así como la presentación de las estrategias “de la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad UE2030” y la adopción del Reglamento transitorio, que definitivamente atrasa la entrada en vigor de la nueva PAC a 2023, han provocado que el calendario de elaboración del Plan Estratégico también se haya alterado en sus fechas:

  • Recomendaciones Comisión Europea.
  • Primer Borrador del Plan Estratégico Nacional, para enviar a la CE en abril 2021.
  • Presentación oficial a mediados de 2021.
  • Aprobación Plan Estratégico a comienzos 2022.
  • Desarrollo legislativo, administrativo y técnico por parte de las Administraciones implicadas en 2022.
  • Entrada en vigor el 1 de enero de 2023.

El FEGA ha publicado los importes provisionales de la ayuda asociada para las explotaciones de ovino, correspondientes a la campaña 2020, que tiene por objetivo garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de ovino y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

Para esta ayuda se diferencian dos regiones: España peninsular y Región Insular.

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de ovino en la región Peninsular hay un límite presupuestario asignado para la campaña 2020 de 124.475.000 euros.

Para permitir que las comunidades autónomas que así lo deseen puedan abonar un anticipo, el FEGA ha establecido un importe unitario provisional de 11,601039 euros/animal, que es ligeramente inferior al importe definitivo de 2019, que se fijó 11,831138 € /animal.  

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de ovino en la región España Insular se ha establecido un importe unitario provisional de 19,987814, también inferior al definitivo de 2019 (20,826332 euros/animal).

Con objeto de que las comunidades autónomas que lo deseen puedan realizar un anticipo del 70% antes del 1 de diciembre, El FEGA ha fijado los importes provisionales de la ayuda asociada para las explotaciones de caprino, correspondiente a la campaña 2020. Para esta ayuda se diferencian dos regiones: Zonas de Montaña junto con la región Insular, y el resto del territorio peninsular, cada una con su correspondiente límite presupuestario.

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de caprino en la región España Peninsular hay un límite presupuestario asignado para la campaña 2020 de 5.386.000 euros, estableciéndose un importe unitario provisional de 6,570794 euros/animal. Este importe es inferior al definitivo de 2018, que fue de 7,036977 euros/animal.

Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de caprino en la región España Insular y Zonas de Montaña, hay un límite presupuestario asignado para la campaña 2020 de 5.093.000euros, estableciéndose un importe unitario provisional de 8,091289 euros/animal, inferior al que se estableció de manera definitiva para 2018 (8,615848).

El FEGA ha calculado de manera provisional el importe de la ayuda asociada a las explotaciones que mantienen vacas nodrizas, en base al número de animales potencialmente subvencionables (APS), con objeto de que las comunidades autónomas que así lo tengan previsto puedan abonar un anticipo de esta ayuda.

 

Para esta ayuda se diferencian dos regiones: España peninsular y región insular. La dotación presupuestaria para la campaña 2020 asciende a 187.294.000 euros para la región España Peninsular y 451.000 euros para la región Insular.

En la campaña 2020, el importe unitario provisional se ha fijado en 90,115198 euros/animal para la región España Peninsular. El importe definitivo que se fijó para la ayuda correspondiente a 2019 fue de 91,144111 euros, y 91,3888308 155184 euros para 2018. En cuanto a la región insular el importe provisional se ha fijado en 148,924522 euros/animal.

 

Antes del 15 de marzo de 2021 las comunidades autónomas comunicarán al FEGA el número total de animales determinados para el pago de la ayuda, con objeto de poder calcular el importe unitario definitivo.

El plazo para comunicar a la Administración las cesiones de derechos de pago básico comenzaba el 1 de noviembre del año anterior. No obstante, para la próxima campaña el Ministerio de Agricultura ha considerado necesario que este plazo coincida con el de presentación de la Solicitud Única.

En consecuencia, el plazo para comunicar las cesiones de derechos comenzará el mismo día de inicio del plazo de presentación de la Solicitud Única 2021 (normalmente el 1 de febrero) y finalizará el último día del plazo de Modificación de la Solicitud Única de ese año (normalmente el 31 de mayo).

Con ello se pretende esperar a que esté publicada la normativa europea que regulará las ayudas en dicha campaña y evitar situaciones de inseguridad jurídica en los movimientos de derechos, ya que la campaña 2021 será de transición, continuando vigente la normativa básica actual, aunque tendrá que ser modificada en algunos aspectos, para recoger los cambios de la futura normativa de la Unión Europea.

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