Mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 9 de noviembre de 2020 (DOE nº 105, de 03/06/2021), se convocan subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad privada de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes titulares de explotaciones con terrenos privados, inscritos en el REXA a su nombre.
Actuaciones subvencionables
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones incluidas en los siguientes grupos:
Superficies subvencionables
Podrán ser objeto de subvención los recintos incluidos en la capa “dehesa” del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y que además, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se encuentren identificados con alguno de los siguientes usos: Forestal (FO), Pasto arbolado (PA), Pasto arbustivo (PR), Pastizal (PS) o Tierras arables (TA).
Asimismo, en defecto del uso SIGPAC, podrán ser objeto de subvención aquellos recintos que, estando incluidos en la capa “dehesa”, tengan solicitada la inscripción o actualización de dichos usos con antelación a la finalización del citado plazo.
Quedan excluidas de estas subvenciones las superficies sujetas a consorcios, convenios y COREFEX suscritos con la Consejería de Agricultura.
Importe de la subvención
El importe máximo subvencionable por cada expediente se fija en 40.000 euros.
Para poder adoptarse una resolución estimatoria, el importe subvencionable deberá alcanzar un mínimo de 5.000 €. En caso contrario se desestimará la solicitud.
El importe subvencionable se establece en un porcentaje sobre el importe de inversión por cada unidad de actuación que será del 90 %.
Los importes unitarios son los que se relacionan en el Anexo II de la Resolución, debiendo estar basada en dichos importes la correspondiente solicitud de ayuda.
La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas asciende a 5.000.000 de euros.
Presentación de solicitudes
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 1 de julio de 2021.
Después de nueve meses de subida continuada de las materias primas, y con unos precios de venta de los productos ganaderos en caída durante 2020 debido a la pandemia, la situación actual derivada del importante incremento del precio de los piensos, está llegando al límite.
Los informes estadísticos de distintas asociaciones, recogen que, desde julio de 2020, el maíz lidera el encarecimiento, con un repunte del 37,7%, seguido por la cebada (33,75%), trigo blando (28,53%), soja (24,55%), trigo duro (10,68%), etc. Algunas de las causas de estas subidas de cereales y oleaginosas en el mercado mundial y nacional, se achacan al gran incremento de las compras por parte de China, a un aumento de los aranceles rusos a la exportación de trigo, o a retrasos en las cosechas de los países productores de soja como Brasil.
Es cierto que estos notables aumentos de precio de cereales y soja, no se han trasladado en la misma proporción al precio final de los piensos pero, en cualquier caso, el propio MAPA reconoce en sus estadísticas una subida media entre el 15 y el 18% en los piensos durante 2020, sin contar las recientes subidas ocurridas en lo transcurrido de 2021. Esta situación –entre otras- está poniendo en serias dificultades a numerosas explotaciones ganaderas, evidentemente más a las que son mayormente dependientes del consumo de piensos.
Simultáneamente a esta difícil situación de los costes de producción para la ganadería, arrecian también por otro lado ataques continuos a nivel nacional y mundial a las producciones cárnicas. Bajo la disculpa del cambio climático, emisiones de CO2 (de las que se culpa al sector vacuno), perjuicios de las carnes para la salud, alimentación vegana, etc, estamos asistiendo a continuos apoyos políticos y económicos y por tanto mediáticos, a las “falsas carnes”, con vistas a que la población consumidora cambie sus hábitos alimenticios y prescinda del consumo de carne, especialmente carnes rojas, y traslade su alimentación a productos no solo vegetales, sino también de dudoso origen químico y artificial.
Se ha comenzado por las hamburguesas de “origen vegetal”, pero desgraciadamente esto no ha hecho más que empezar, aunque esperemos del sentido común de los consumidores que no renuncien a los placeres de la buena cocina y por ende de las buenas carnes.
Como muestra, en las páginas finales de este Boletín hemos incluido tres recientes artículos de prensa sobre este nuevo peligro que acecha a nuestra ganadería si no reaccionamos a tiempo desde todos los ámbitos públicos y privados relacionados con el sector.
España ha sido declarada por la Comisión Europea oficialmente indemne de brucelosisovina y caprina y avanza hacia la erradicación de la brucelosis bovina en 2021, ya que se prevé que este año pueda ser declarada también la provincia de Cáceres, donde el último caso de brucelosis bovina se produjo en 2018.
Se trata de una gran noticia “histórica”, en palabras del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para quien la nueva situación mejorará la competitividad agraria y ganadera del país tras 25 años de lucha contra la enfermedad y de aplicación homogénea de programas de erradicación a través de campañas de saneamiento ganadero, especialmente en los últimos años.
El esfuerzo conjunto de las administraciones, los ganaderos y los veterinarios ha conseguido doblegar una enfermedad que provocaba importantes daños económicos y que suponía, además, un riesgo para la salud de las personas.
Este nuevo estatus fue publicado en el DOUE el pasado 4 de marzo, al reconocer como oficialmente indemnes de brucelosis ovina y caprina a las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén, que todavía no lo estaban. Con ellas, todo el territorio nacional queda libre de la enfermedad.
Por su parte, la declaración de las provincias de Ávila, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Palencia, Salamanca, Segovia y Sevilla como oficialmente indemnes de brucelosis bovina supone la inclusión en el correspondiente anexo de áreas indemnes de todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura (falta Cáceres) y Cantabria, cuyo estatuto ya ha sido aprobado en el comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (PAFF por sus siglas en inglés) y será publicado próximamente. Por error, Salamanca y Badajoz no aparecían en la edición del DOUE, pero una carta de la Comisión Europea, ayer, a todos los Estados miembros subsanaba esta omisión.
Estas declaraciones se añaden a las efectuadas en los años anteriores, con lo que ya todas provincias españolas constan como oficialmente libres de brucelosis ovina y caprina y, en el caso de la brucelosis bovina, sólo quedará por ser declarada como oficialmente libre la provincia de Cáceres, que previsiblemente cumplirá las condiciones necesarias a lo largo de 2021.
La declaración de España como país oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina supone la culminación del esfuerzo realizado por las administraciones públicas y los sectores productivos iniciado a principios de los 90, con la implantación nacional del programa de erradicación. En ese momento, la prevalecía de rebaños positivos rondaba el 30 % y los casos humanos anuales se contaban por varios miles.
La estrategia inicial, basada en la vacunación de la reposición (hembras jóvenes destinadas a reemplazar a las madres) combinada con el chequeo serológico y el sacrificio de los animales positivos, contribuyó a un descenso inicial rápido de la prevalencia, hasta situarla en torno al 4 % a mediados de la década de los 2000.
El refuerzo del programa a partir de entonces, centrado en la vacunación obligatoria de la reposición en las zonas declaradas como de especial incidencia, junto con la intensificación de los vaciados sanitarios de los rebaños infectados en zonas próximas a la erradicación, ha supuesto la paulatina eliminación de la enfermedad en todo el territorio, pues en 2020 no se ha detectado ningún rebaño infectado por Brucela melitensis.
Esta nueva situación supondrá una flexibilización de determinadas medidas sanitarias, la mejora de la imagen ganadera de España y la ampliación de las posibilidades comerciales del sector, así como el consiguiente beneficio para la salud pública.
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